Miguel García Caba
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En la vida institucional del deporte español, hay momentos que sirven como termómetro del verdadero respeto por el Estado de Derecho. La Resolución del Consejo Superior de Deportes (RA 1/2025), que anuló el acuerdo de la Comisión de Seguimiento RFEF-LaLiga y restituyó el derecho del FC Barcelona a inscribir a Dani Olmo y Pau Víctor, es uno de ellos. Y también lo es —aunque por motivos opuestos— la reacción pública de Javier Tebas, presidente de LaLiga, que ha aprovechado la ocasión para lanzar una andanada contra el ordenamiento jurídico, envuelta en un discurso pretendidamente técnico y revestida de solemnidad institucional.

La lectura de su valoración deja poco lugar a la duda: según Tebas, el CSD ha incurrido en un "formalismo extremo", ha tergiversado una simple "constatación" administrativa y ha dictado una resolución que "parece más política que jurídica". Todo, claro, con el objetivo implícito de socavar la autoridad de una organización que —dicho sea con claridad— está acostumbrada a moverse con una autonomía que a veces roza la impunidad.

Pero, ¿en qué consiste realmente el núcleo del conflicto? En que un órgano sin competencias, como la Comisión de Seguimiento del Convenio RFEF-LaLiga, dictó un acuerdo que no le correspondía adoptar. Y lo hizo nada menos que para impedir la tramitación de dos licencias deportivas, arrogándose una potestad pública que, según la Ley del Deporte, pertenece exclusivamente a la federación, previa comprobación por parte de la liga profesional. Que esto se haya hecho de forma “automatizada” o “habitual” —como insiste Tebas— no cambia lo esencial: la competencia no se presume ni se inventa, se tiene o no se tiene.

El presidente de LaLiga no solo ignora este principio básico, sino que lo desprecia. Califica de "formalismo" lo que no es otra cosa que la defensa del principio de legalidad. Invoca la "seguridad jurídica" para justificar una decisión adoptada por un órgano incompetente. Y lo que es más grave, sugiere que la actuación del CSD tiene tintes políticos. ¿Hay algo más político —en el peor sentido del término— que acusar de politización a quien simplemente aplica la ley?

El fondo del discurso de Tebas es preocupante. Refleja una visión en la que la práctica interna de una entidad privada pretende prevalecer sobre el Derecho, y en la que la autonomía organizativa se invoca como si fuera una franquicia frente al control público. Como si las decisiones de LaLiga estuvieran por encima del Derecho Administrativo, como si el deporte profesional debiera autorregularse sin interferencias, incluso cuando se trata de derechos fundamentales como el acceso a la competición.

Este no es un problema menor. Porque si el precedente que defiende Tebas se consolidara, bastaría con que un órgano sin competencia formal dictara resoluciones —aunque sea bajo apariencia técnica— para que quedaran blindadas por el uso o la rutina. Y eso, en términos democráticos, equivale a decir que el poder puede decidir al margen de las reglas si lo hace con suficiente convicción o automatismo.

Lo que está en juego no es un partido, ni una inscripción, ni una rivalidad deportiva. Lo que está en juego es el modelo jurídico del deporte español. Uno en el que ninguna organización, por grande o influyente que sea, pueda sustraerse al principio fundamental que sostiene cualquier orden jurídico digno de tal nombre: el respeto a la ley y a las competencias que esta atribuye.

Javier Tebas puede no estar de acuerdo con la resolución del CSD. Está en su derecho. Pero lo que no puede hacer —al menos sin ser cuestionado— es presentar su discrepancia como si fuera una verdad jurídica revelada, cuando en realidad es el lamento de quien ve limitado un poder que creía absoluto. Porque, al final, lo que molesta no es la resolución. Lo que molesta es que alguien, desde fuera del ecosistema de LaLiga, se haya atrevido a decir: hasta aquí.

*Miguel García Caba es profesor de Derecho Administrativo y académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación